El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, envió un mensaje al magisterio con motivo de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) de octubre de 2026. Su anuncio principal fue contundente: el Gobierno busca desaparecer la USICAMM y construir, mediante el diálogo, un nuevo sistema de contratación y promoción docente. También llamó a participar en una consulta nacional y recordó que el 3 de noviembre entrará en vigor la regulación del uso de celulares en las escuelas.
El mensaje habla de confianza, democracia y reivindicación de los derechos laborales. Sin embargo, entre las maestras y los maestros hay preguntas que no desaparecen con un discurso: ¿qué pasará con los derechos adquiridos?, ¿se atenderán las demandas que llevan años pendientes?, ¿la consulta permitirá conocer las condiciones reales de las escuelas o se convertirá en otro procedimiento administrativo?
La discusión no consiste en negar la importancia de escuchar al magisterio. Consiste en preguntarse si esta vez la participación tendrá consecuencias concretas en la vida laboral de quienes sostienen las escuelas públicas todos los días.
▷ Desaparecer la USICAMM: una promesa que necesita respuestas
Mario Delgado aseguró que se trabajará en un nuevo sistema de contratación, promoción y permanencia que garantice los derechos laborales y el derecho a la educación. Presentó este proceso como un paso importante para recuperar la confianza del magisterio y construir una nueva relación con el Estado mexicano.
El anuncio toca una de las fibras más sensibles de la profesión docente. Durante años, maestras y maestros han expresado inconformidades con los procesos de admisión, promoción y reconocimiento, así como con los criterios, trámites y resultados de los mecanismos de carrera. Por eso, hablar de desaparecer la USICAMM genera expectativas sobre si se trata de una verdadera apertura o de una promesa repetida.
No basta con cambiar el nombre de una institución o anunciar un nuevo modelo. El magisterio necesita conocer las reglas, los criterios de evaluación, las garantías de transparencia, los mecanismos de inconformidad y las condiciones para acceder a mejores oportunidades profesionales.
La confianza no se recupera únicamente con la promesa de un sistema más justo. Se construye cuando una maestra puede entender por qué obtuvo determinado resultado, cuando un profesor tiene certeza sobre sus posibilidades de promoción y cuando las decisiones de la autoridad pueden revisarse con reglas claras.
Por eso, la pregunta de fondo es sencilla: ¿cómo se garantizará que el nuevo sistema no repita los problemas que el magisterio ha señalado durante años?
▷ ¿Y el Décimo Transitorio y la Ley del ISSSTE?
Entre las inquietudes que acompañan el anuncio de la consulta hay dos asuntos que no pueden ignorarse: el Décimo Transitorio y la reforma a la Ley del ISSSTE. En el debate magisterial, estas demandas aparecen junto con la exigencia de mejores condiciones para la jubilación y de mayor certidumbre sobre el futuro laboral.
En los comentarios de docentes se repiten preguntas como: «¿Y para cuándo lo del Décimo Transitorio? Ese se le olvida, ¿verdad?» y «Solo falta derogar la Ley del ISSSTE. No escucharán la voz, la verdad».
Estas expresiones reflejan una preocupación que va más allá de la inconformidad con un procedimiento de promoción. Para muchos trabajadores de la educación, la justicia laboral también significa saber en qué condiciones podrán retirarse, qué derechos conservarán y si las decisiones que afectan sus pensiones tomarán en cuenta su realidad.
Es importante precisar que desaparecer la USICAMM y modificar el régimen pensionario son asuntos distintos, con implicaciones legales y administrativas diferentes. Sin embargo, desde la perspectiva de los docentes, ambos forman parte de una misma exigencia: que las decisiones públicas reconozcan los derechos y las necesidades de quienes han dedicado buena parte de su vida al servicio educativo.
Si la consulta pretende abrir una nueva etapa de diálogo, las autoridades también necesitan explicar qué demandas serán atendidas, cuáles corresponden a otros procesos y qué posibilidades reales existen para avanzar en ellas. Dejar estas preguntas sin respuesta puede alimentar la percepción de que algunos temas vuelven a quedar fuera de la conversación.
▷ Una consulta escuela por escuela que también genera dudas
En su mensaje, el secretario explicó que el 30 de octubre se realizará una consulta nacional en las escuelas. Indicó que se elegirá a una persona moderadora entre los integrantes de la comunidad escolar, quien presentará los resultados del cuestionario diagnóstico aplicado del 26 al 28 de agosto y coordinará la discusión.
También señaló que las maestras y los maestros podrán emitir su opinión mediante la plataforma consultanacional.sep.gob.mx, disponible desde las 8:00 horas del 30 de octubre hasta las 20:00 horas del 1 de noviembre. Por su parte, las personas moderadoras deberán levantar un acta de participación para su entrega a la dirección del plantel o a la supervisión de zona.
Aquí aparece una diferencia importante entre lo que parte del magisterio esperaba y lo que se describe en el mensaje. Un sector de docentes entendió que la consulta escuela por escuela implicaría una visita presencial a los planteles para conocer directamente las condiciones en que trabajan las maestras y los maestros: la infraestructura, los materiales disponibles, la conectividad, la carga administrativa y los problemas cotidianos que enfrentan.
En cambio, el procedimiento anunciado combina la discusión en las escuelas con el registro de opiniones en una plataforma digital y la elaboración de actas. Esto no significa que no exista participación presencial en los planteles, pero sí plantea una diferencia entre reunirse en una escuela para responder una consulta y acudir a ella para observar y documentar sus condiciones reales de funcionamiento.
La distinción importa porque no todos los problemas del magisterio pueden comprenderse mediante un cuestionario. Una escuela puede reportar falta de recursos, dificultades para atender a sus estudiantes o problemas de infraestructura, pero conocer el dato no es lo mismo que comprobar las condiciones, identificar sus causas y comprometer una solución.
Por eso, una pregunta legítima es si la consulta incluirá mecanismos suficientes para que las necesidades de cada plantel se documenten, se sistematicen y reciban seguimiento. Escuchar a los docentes es un primer paso; conocer el contexto en el que trabajan es indispensable para interpretar correctamente sus respuestas.
▷ El problema del internet: ¿cómo participarán todas las escuelas?
Otra de las inquietudes expresadas por los docentes se relaciona con la plataforma digital. En el magisterio circula una preocupación concreta: «Más del 80 % de las escuelas no tienen internet y menos llevan celular a las escuelas; ese problema es de la casa».
La cifra del comentario no debe tomarse como un dato nacional comprobado sin una fuente que la respalde. Sin embargo, el problema que plantea es real y merece atención: existen planteles con conectividad limitada o inexistente, comunidades con infraestructura tecnológica insuficiente y docentes que no siempre disponen de una conexión estable durante su jornada laboral.
La brecha digital no es solamente un problema de velocidad de internet. También involucra la disponibilidad de equipos, la calidad de la señal, los costos de conexión y las condiciones geográficas y económicas de cada comunidad.
Por eso, si una consulta nacional se apoya en una plataforma en línea, la autoridad debe explicar cómo garantizará que todos los docentes puedan participar en igualdad de condiciones. ¿Qué ocurrirá en las escuelas sin internet? ¿Habrá alternativas para registrar las opiniones? ¿Se brindará apoyo técnico? ¿Cómo se evitará que una dificultad de conexión se convierta en una barrera para ejercer el derecho a participar?
El hecho de que la plataforma permanezca disponible durante varios días ofrece un margen para participar, pero no resuelve por sí mismo las dificultades de conectividad. La accesibilidad debe demostrarse en la práctica, no darse por sentada.
Además, una consulta que busca transformar la carrera docente necesita reconocer la diversidad de contextos escolares. No es lo mismo participar desde una ciudad con conexión estable que hacerlo desde una comunidad rural donde acceder a internet puede implicar trasladarse o pagar por un servicio que la escuela no tiene.
La pregunta no es si la tecnología puede facilitar la participación. Claro que puede. La pregunta es si el procedimiento está preparado para que la tecnología no excluya precisamente a quienes más necesitan que su voz sea escuchada.
▷ Observadores y actas: ¿cómo se garantizará que la consulta sea confiable?
Mario Delgado anunció que equipos de académicos e investigadores participarán como observadores en una muestra de mil planteles. Entre sus funciones estarán verificar las condiciones de participación, observar la elección de la persona moderadora, levantar actas circunstanciadas y revisar aspectos de seguridad, operatividad y accesibilidad de la plataforma.
También señaló que las autoridades educativas estatales acompañarán el proceso y coordinarán la recopilación, el resguardo y la entrega de las actas a la Federación dentro de un plazo no mayor a 15 días.
Estos mecanismos pueden contribuir a dar mayor certeza al ejercicio. Sin embargo, su efectividad dependerá de cómo se apliquen, de la claridad de las reglas y de la posibilidad de verificar los resultados.
Una muestra de observación puede aportar información relevante, pero no equivale a una visita de verificación a cada escuela del país. Por ello, es importante que los resultados permitan distinguir entre las opiniones registradas, las incidencias reportadas y las condiciones concretas de participación.
También es necesario que el magisterio conozca cómo se resguardarán las actas, cómo se resolverán posibles inconsistencias y qué procedimiento se seguirá si una escuela enfrenta dificultades técnicas o administrativas durante la consulta.
El secretario afirmó que la observación ayudará a garantizar que se respete la opinión docente. Esa es una expectativa razonable, pero la confianza se fortalecerá cuando existan resultados verificables, información pública suficiente y respuestas claras sobre las incidencias que puedan presentarse.
▷ ¿La consulta cambiará algo o será otro trámite?
Esta es, probablemente, la pregunta que más pesa entre quienes han participado durante años en reuniones, consultas, diagnósticos y procesos administrativos: ¿qué ocurrirá después de expresar una opinión?
El mensaje de Mario Delgado presenta la consulta como una oportunidad histórica para que el magisterio defina su nueva relación con el Estado y contribuya a construir un nuevo sistema de carrera docente. El propósito es relevante, pero la expectativa que genera también es grande.
Si los docentes dedican tiempo a discutir, responder cuestionarios y elaborar actas, necesitan saber cómo se utilizarán sus aportaciones. ¿Se publicarán los resultados completos? ¿Se explicará qué propuestas fueron consideradas? ¿Habrá un documento con los acuerdos y los siguientes pasos? ¿Se establecerán fechas para presentar el nuevo sistema y abrir un proceso de diálogo sobre sus reglas?
Sin esa información, existe el riesgo de que una iniciativa presentada como histórica termine percibiéndose como un trámite más. No porque consultar al magisterio sea inútil, sino porque la participación pierde fuerza cuando no existe una relación visible entre lo que se expresa y las decisiones que se toman después.
La desconfianza de algunos docentes no debe interpretarse automáticamente como rechazo al cambio. También puede expresar el cansancio de quienes han escuchado promesas anteriores y esperan que esta vez existan resultados, plazos y compromisos que puedan comprobarse.
La mejor manera de responder a esa desconfianza no es pedir confianza de manera indefinida. Es ofrecer información, explicar las decisiones y demostrar avances concretos.
▷ Los celulares en las escuelas: ¿la responsabilidad también es de los adultos?
Al final de su mensaje, el secretario recordó que el 3 de noviembre entrará en vigor la regulación para restringir el uso de celulares en las escuelas. Su llamado fue invitar a niñas y niños a apagar el celular y encender la imaginación mediante la lectura.
La intención de favorecer la concentración, la convivencia y el aprendizaje merece una discusión seria. El uso indiscriminado de los dispositivos puede interferir con las actividades escolares, pero también es necesario distinguir entre el uso recreativo, las necesidades de comunicación familiar y las actividades pedagógicas en las que la tecnología puede tener utilidad.
Entre los comentarios de los docentes surge una pregunta directa: «¿A los maestros también se les prohibirá usar el celular?».
La pregunta no es menor. Si se busca establecer reglas claras sobre los dispositivos, las comunidades escolares necesitan saber a quiénes se aplicarán, qué excepciones existirán y cómo se atenderán situaciones de emergencia o necesidades educativas específicas.
También conviene reconocer que el problema no comienza ni termina en la escuela. Los hábitos digitales se forman en casa, en los espacios sociales y en la interacción cotidiana con la tecnología. Por eso, una regulación escolar difícilmente será suficiente si no se acompaña de orientación para las familias, educación digital y acuerdos de convivencia.
Tampoco se puede colocar toda la responsabilidad en las maestras y los maestros. Ellos pueden establecer acuerdos, orientar a sus estudiantes y organizar el trabajo en el aula, pero necesitan respaldo institucional, criterios claros y colaboración de las familias.
Además, antes de aplicar cualquier medida, es importante precisar su alcance y las condiciones de implementación. Una regla bien diseñada debe considerar la diversidad de las escuelas, las necesidades particulares de los estudiantes y las responsabilidades de los adultos.
Promover la lectura y la imaginación es una meta valiosa. Para alcanzarla, sin embargo, hace falta algo más que pedir que se apaguen los teléfonos: también se requieren bibliotecas, materiales, tiempo para leer, espacios adecuados y estrategias que ayuden a construir hábitos lectores.
▷ Lo que el magisterio necesita escuchar ahora
El mensaje de Mario Delgado plantea compromisos importantes: construir un nuevo sistema de carrera docente, abrir un espacio de consulta nacional, observar el proceso y avanzar hacia una regulación del uso de celulares. El reto será convertir esos anuncios en procedimientos claros y resultados que puedan comprobarse.
Las maestras y los maestros no necesitan que todas sus preocupaciones se resuelvan en un solo mensaje. Sí necesitan que sus preguntas sean reconocidas y que las autoridades expliquen con claridad qué asuntos se atenderán, mediante qué mecanismos y en qué plazos.
La desaparición de la USICAMM debe acompañarse de reglas transparentes y garantías para los derechos laborales. Las inquietudes sobre el Décimo Transitorio y la Ley del ISSSTE necesitan respuestas desde los ámbitos que correspondan. La consulta digital debe prever las dificultades de conectividad. Y la regulación de celulares requiere criterios claros, corresponsabilidad familiar y condiciones reales para mejorar el aprendizaje.
Sobre todo, hace falta distinguir entre escuchar y resolver. Escuchar significa abrir espacios para que las personas expresen sus necesidades. Resolver implica analizar esas demandas, tomar decisiones, asignar responsabilidades y rendir cuentas sobre los avances.
El magisterio mexicano conoce las dificultades de las escuelas porque las enfrenta todos los días. Sabe lo que significa trabajar con recursos limitados, atender grupos diversos, responder a exigencias administrativas y sostener el aprendizaje aun cuando las condiciones no son las ideales. Esa experiencia no puede ser un elemento secundario en la construcción de nuevas políticas educativas: debe ocupar un lugar central.
Si esta consulta pretende marcar un cambio de etapa, su valor no se medirá únicamente por el número de docentes que participen ni por las actas que se entreguen. Se medirá por la capacidad de las autoridades para convertir las opiniones en decisiones transparentes y mejoras verificables.
Porque la confianza que hoy se solicita al magisterio debe construirse con hechos. Y la mejor manera de demostrar que la voz de las maestras y los maestros importa es hacer que esa voz tenga consecuencias.
📚 Artículos recomendados para profundizar:
💬 ¿Qué opinas?
¿Crees que la consulta nacional sobre la USICAMM permitirá construir un sistema más justo para el magisterio? ¿Qué debería atender primero la SEP: las reglas de promoción, los derechos laborales, las pensiones o las condiciones reales de las escuelas?
Comparte tu experiencia y tu opinión con respeto. La realidad de cada escuela también debe formar parte de esta conversación.
0 Comentarios